La Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 6.000 euros a una empresa que grab\u00f3 las conversaciones de una de sus empleadas sin su consentimiento y que posteriormente fueron utilizados para justificar su despido.<\/p>\n
Adem\u00e1s de no contar con el consentimiento de la trabajadora para grabar sus conversaciones, tampoco contaba con base jur\u00eddica para hacerlo.<\/p>\n
La grabaci\u00f3n se realiz\u00f3 con el sistema de videovigilancia del local donde la empleada desempe\u00f1aba su trabajo. La empresa justifica la grabaci\u00f3n en una disminuci\u00f3n del rendimiento laboral y mal uso de las herramientas, lo que produjo un seguimiento m\u00e1s exhaustivo a la trabajadora que inclu\u00eda el acceso a los audios registrados en el establecimiento. En dichos audios la empleada se queja a la clientela sobre la maquinaria de la empresa lo que, seg\u00fan la empresa, causa un desprestigio y posibles p\u00e9rdidas econ\u00f3micas y motiva su despido.<\/p>\n
La AEPD entiende desproporcionada la captaci\u00f3n de la voz tanto de la empleada como de los clientes para la funci\u00f3n de videovigilancia pretendida, esto es, el control del cumplimiento por la parte reclamante de sus obligaciones y deberes laborales. Considera la AEPD que la grabaci\u00f3n de voz supone una mayor intromisi\u00f3n en la intimidad de la empleada.<\/p>\n
El tratamiento de los datos de voz se llev\u00f3 a cabo por la empresa sin ninguna base jur\u00eddica que legitimase dicho tratamiento de datos.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, los sistemas de videovigilancia no pueden ser utilizados para finalidades que no se hayan previsto inicialmente, salvo que cuente con una base jur\u00eddica que legitime dicho tratamiento y se cumpla con el resto de requisitos derivados de la normativa de protecci\u00f3n de datos con el fin de no vulnerar los derechos de las personas interesadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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