Mediante la recientemente publicada STC 17\/2023 de 9 marzo de 2023, Rec. 735\/2022, el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayor\u00eda el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron m\u00e1s de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26\/2021, de 8 de noviembre, que fue dictado con la finalidad de adaptar los preceptos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), m\u00e1s conocido como Impuesto de Plusval\u00edas.<\/p>\n
Los recurrentes consideraron que la totalidad del real decreto-ley incurr\u00eda en una doble vulneraci\u00f3n del art. 86.1 CE por el hecho de carecer del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y por infringir los l\u00edmites materiales que se imponen constitucionalmente a este tipo de normas. La sentencia, desestima el recurso de inconstitucionalidad por diversos motivos.<\/p>\n
En primer lugar, el TC aprecia en las medidas aprobadas la exigible conexi\u00f3n de sentido con la situaci\u00f3n de extraordinaria y urgente necesidad, con una situaci\u00f3n econ\u00f3mica problem\u00e1tica expl\u00edcita y razonada. Se\u00f1ala que los preceptos impugnados tuvieron como finalidad colmar el vac\u00edo normativo producido por la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad llevada a cabo por la STC 182\/2021 y, de no haberse aprobado la norma cuestionada, no hubiera sido posible seguir recaudando el impuesto por parte de las entidades locales.<\/p>\n
Por otra parte, no entiende vulnerados los l\u00edmites materiales para la utilizaci\u00f3n del decreto-ley en materia tributaria puesto que, atendiendo a la posici\u00f3n del IIVTNU en el sistema tributario espa\u00f1ol, la regulaci\u00f3n impugnada, aunque modifique la base imponible de este impuesto local, no ha alterado sustancialmente la posici\u00f3n de los obligados a contribuir seg\u00fan su capacidad econ\u00f3mica en el conjunto del sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que enuncia el art. 31.1 CE.<\/p>\n
Por tanto, el TC procede a desestimar el recurso de inconstitucionalidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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