En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea de 5 de marzo de 2026 Asunto C-210\/24 (ECLI:EU:C:2026:145) la controversia surge a ra\u00edz de un recurso interpuesto por AESTE contra el pliego del contrato de \u201cServicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ortuella\u201d, cuyo objeto era la prestaci\u00f3n de un servicio comunitario de car\u00e1cter social dirigido a personas o familias con dificultades para mantener su bienestar y permanecer en su hogar.<\/p>\n
El criterio impugnado atribu\u00eda hasta 40 puntos a las ofertas que propusieran incrementos salariales para el personal que ejecutara el contrato por encima de lo previsto en el convenio sectorial, y obligaba al adjudicatario a concretar ese incremento previa negociaci\u00f3n con los representantes de las trabajadoras y a procurar formalizar un acuerdo regulador o convenio colectivo del SAD de Ortuella.<\/p>\n
El \u00f3rgano remitente pregunt\u00f3, en esencia, si un criterio de adjudicaci\u00f3n de ese tipo era adecuado para identificar la oferta econ\u00f3micamente m\u00e1s ventajosa conforme al art\u00edculo 67.1 de la Directiva 2014\/24; si se opon\u00eda a la libre prestaci\u00f3n de servicios o restring\u00eda la competencia conforme al art\u00edculo 56 TFUE y a las Directivas 2014\/24 y 96\/71; y si infring\u00eda el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva reconocido en el art\u00edculo 28 de la Carta.<\/p>\n
El Tribunal parte de que el art\u00edculo 67.2 de la Directiva 2014\/24 permite establecer criterios de adjudicaci\u00f3n que incluyan aspectos sociales, siempre que est\u00e9n vinculados al objeto del contrato. Considera que un criterio que valore el incremento de la masa salarial del personal adscrito al contrato se refiere, por su propia naturaleza, a un \u201caspecto social\u201d en sentido amplio.<\/p>\n
En cuanto al v\u00ednculo con el objeto del contrato, el Tribunal subraya que, en servicios asistenciales como la ayuda a domicilio, intensivos en mano de obra y dirigidos a personas vulnerables, no es irrazonable entender que una mejor retribuci\u00f3n del personal pueda contribuir a mejorar la calidad, la accesibilidad y la continuidad del servicio, al favorecer la fidelizaci\u00f3n del personal y permitir la contrataci\u00f3n de personal m\u00e1s cualificado. Por ello, admite que el criterio salarial puede estar vinculado al objeto del contrato.<\/p>\n
Respecto de la igualdad de trato y la posible discriminaci\u00f3n, el Tribunal recuerda que los criterios de adjudicaci\u00f3n no pueden conferir al poder adjudicador una libertad de decisi\u00f3n ilimitada, deben permitir una competencia efectiva y han de respetar los principios de transparencia, no discriminaci\u00f3n e igualdad de trato.<\/p>\n
Sobre la segunda cuesti\u00f3n, el Tribunal declar\u00f3 inadmisible la relativa al art\u00edculo 56 TFUE y a la Directiva 96\/71 porque el \u00f3rgano remitente no acredit\u00f3 la existencia de un elemento transfronterizo cierto en el litigio principal.<\/p>\n
En cuanto al art\u00edculo 28 de la Carta, el Tribunal entiende que el criterio impugnado no menoscaba la autonom\u00eda de los interlocutores sociales. Razona que exigir al adjudicatario que concrete el incremento retributivo previa negociaci\u00f3n con los representantes del personal y que procure formalizar un convenio colectivo no impone un resultado, sino una obligaci\u00f3n de medios orientada a facilitar el di\u00e1logo social, sin obligar a los representantes a aceptar las propuestas del adjudicatario.<\/p>\n
En suma, la sentencia avala la validez de criterios sociales basados en incrementos salariales en contratos de servicios asistenciales, siempre que est\u00e9n vinculados al objeto del contrato y respeten las exigencias generales de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, especialmente igualdad de trato, transparencia y competencia efectiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"