Mediante Sentencia 185\/2024 del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso-administrativo, 2 FEB. REC. 43\/2023, el alto Tribunal desestima la petici\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relaci\u00f3n con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, al no acreditarse por la recurrente un da\u00f1o antijur\u00eddico.<\/p>\n
El Tribunal Supremo resuelve un recurso contencioso-administrativo en el que se dilucida la procedencia o no de indemnizaci\u00f3n por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por la sentencia la STC 182\/2021 de los art\u00edculos 107.1, segundo p\u00e1rrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL sobre el Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).<\/p>\n
Esta sentencia no considera ileg\u00edtimo el impuesto ni el m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva de la base imponible, si no la exclusividad de la utilizaci\u00f3n de este \u00faltimo, estableciendo que el contribuyente tiene derecho a la utilizaci\u00f3n de otros m\u00e9todos como el de la estimaci\u00f3n directa.<\/p>\n
Volviendo a la reclamaci\u00f3n sobre la responsabilidad patrimonial, en el presente caso, la cuesti\u00f3n radica sobre la existencia o no de antijuricidad. El Supremo es tajante a la hora de afirmar que la expulsi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de determinados preceptos del TRLHL por la STC 182\/2021 no conduce necesariamente a calificar de antijur\u00eddico el abono de determinadas cantidades en concepto del IIVTNU o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un da\u00f1o efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial.<\/p>\n
En consecuencia, para el Supremo la cuesti\u00f3n pasa ineludiblemente por acreditar, a trav\u00e9s de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario, que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuant\u00eda distinta a la establecida por la Administraci\u00f3n con su m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva, o que las reglas de c\u00e1lculo aplicadas eran incorrectas.<\/p>\n
Sin embargo, en el caso en cuesti\u00f3n, la recurrente no ha logrado probar en sus recursos ninguno de estos extremos mencionados anteriormente. En las diferentes instancias se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que no ha existido un decremento patrimonial pese a que fue utilizado el m\u00e9todo de estimaci\u00f3n directa de la base imponible que es el que ahora resulta obligado -opcionalmente- de acuerdo con la nueva doctrina constitucional y el Real Decreto-ley 26\/2021, de 8 de noviembre.<\/p>\n
Por todo ello, el Tribunal Supremo concluye que, si bien de una declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad puede extraerse la presunci\u00f3n de la antijuridicidad de los da\u00f1os derivados de los actos de aplicaci\u00f3n, \u00e9sta no es una presunci\u00f3n absoluta y puede ser desvirtuada por las circunstancias que concurren en el caso concreto. En s\u00edntesis, no es posible invocar el automatismo de un derecho de indemnizaci\u00f3n por el simple hecho de haberse abonado el tributo, obviando la existencia de unos procesos previos en los que se tuvo en cuenta la doctrina constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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