El litigio versa sobre las consecuencias econ\u00f3micas del abandono anticipado de un local de negocio por parte del inquilino, cuando el contrato no reconoc\u00eda expresamente esa posibilidad. El contrato se suscribi\u00f3 el 1 de enero de 2015 por un plazo de ocho a\u00f1os, con una renta de 450 euros mensuales. En agosto de 2016, el inquilino notific\u00f3 al propietario su intenci\u00f3n de abandonar el local, poniendo las llaves a su disposici\u00f3n ante la negativa del arrendador a aceptar el desistimiento.<\/p>\n
El juzgado de primera instancia conden\u00f3 al inquilino a pagar la totalidad de las rentas pendientes hasta el fin del contrato, es decir, 33.300 euros, sin aplicar reducci\u00f3n alguna, por entender que no se reclamaba una indemnizaci\u00f3n sino el cumplimiento del contrato. La audiencia provincial confirm\u00f3 \u00edntegramente dicha condena, rechazando la posibilidad de moderar la cantidad por las mismas razones.<\/p>\n
El Tribunal Supremo corrige este criterio: cuando se trata de deudas de dinero, reclamar el pago de rentas futuras no es una acci\u00f3n de cumplimiento por equivalente, sino una resoluci\u00f3n del contrato con reclamaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios causados al arrendador. En consecuencia, s\u00ed cabe moderar la cantidad, ponderando la posibilidad de que el propietario pudiera haber vuelto a alquilar el local a otro inquilino en condiciones similares.<\/p>\n
El Tribunal Supremo identifica como momento clave el dictado de la sentencia de primera instancia en mayo de 2019, a partir del cual el propietario pudo razonablemente valorar la posibilidad de volver a poner el local en el mercado. Ante la ausencia de prueba de un da\u00f1o mayor, y tomando como referencia orientativa el art\u00edculo 11 de la LAU, la indemnizaci\u00f3n queda fijada en 19.350 euros, frente a los 33.300 euros concedidos en las instancias anteriores. Las costas del recurso de casaci\u00f3n no se imponen a ninguna de las partes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"