El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo Moreno, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el apartado \u201cUno\u201d de la disposici\u00f3n final segunda de la Ley Foral 35\/2022, que reforma el art. 36.1 de la Ley Foral 2\/2018, de contratos p\u00fablicos de Navarra, por considerar que la regulaci\u00f3n que dicho precepto establece de las entidades que pueden beneficiarse de las reservas de contrataci\u00f3n p\u00fablica vulnera las competencias del Estado en materia de \u201clegislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre contratos y concesiones administrativas\u201d (art. 149.1.18 CE).<\/p>\n
La sentencia subraya que las reservas de contrataci\u00f3n son una figura legal que determina que solo puedan participar en la licitaci\u00f3n de un contrato p\u00fablico determinados operadores econ\u00f3micos y constituyen, por tanto, un supuesto excepcional de no aplicaci\u00f3n del principio igualdad de los licitadores y de libre concurrencia.<\/p>\n
Por ello, la regulaci\u00f3n que de estas reservas realiza la Ley estatal de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) no solo tiene car\u00e1cter b\u00e1sico, sino que constituye, adem\u00e1s, la plasmaci\u00f3n de un principio esencial de la legislaci\u00f3n sobre contratos p\u00fablicos, vinculante para la comunidad foral de Navarra de acuerdo con los dispuesto en el art. 49.1 d) de su estatuto de autonom\u00eda (LORAFNA).<\/p>\n
En consecuencia, la sentencia estima el recurso y declara la inconstitucionalidad de los concretos incisos del precepto impugnado que extienden la posibilidad de reservar la adjudicaci\u00f3n de contratos p\u00fablicos a entidades no previstas en la norma estatal. La sentencia salva, sin embargo, por razones de seguridad jur\u00eddica, la vigencia de aquellos contratos que ya hayan sido adjudicados al amparo de los referidos incisos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"