Mikel González Villar, abogado experto en fiscalidad en LKS Next Legal.
El impulso europeo hacia una mayor transparencia fiscal ha llegado también al ámbito foral. La Directiva (UE) 2023/2226, conocida como DAC 8, amplía el intercambio automático de información tributaria entre Estados miembros y cierra uno de los principales puntos ciegos del mercado de criptoactivos: la dificultad de identificar usuarios y operaciones en un entorno descentralizado.
No parte de cero. En España ya existía un régimen doméstico sobre monedas virtuales, articulado en torno a los modelos 172, 173 y 721. Sin embargo, ese marco tenía alcance interno. La DAC 8 añade la dimensión europea y obliga a los proveedores a comunicar información a las administraciones tributarias, que podrán intercambiarla automáticamente con otros Estados miembros.
La transposición debía completarse antes del 31 de diciembre de 2025. En ese calendario, País Vasco y Navarra se han adelantado a Territorio Común.
Cuatro territorios, cuatro ritmos
Gipuzkoa fue el primer territorio en transponer la DAC 8, mediante la Norma Foral 2/2025, de 24 de noviembre. Apenas un mes después completó el marco con el Decreto Foral 26/2025, que desarrolla las normas de diligencia debida y las obligaciones de información de los proveedores.
Álava transpuso la directiva el 29 de diciembre de 2025, en el límite del plazo europeo, mediante la Norma Foral 21/2025. Su aportación propia es una regla de valoración para las transmisiones de criptoactivos fungibles en el IRPF.
Navarra optó por una vía distinta. Transpuso directamente por vía reglamentaria, sin norma foral previa, mediante el Decreto Foral 148/2025, publicado también el 31 de diciembre de 2025. Al legislar en un único paso, no deja desarrollo posterior pendiente.
Bizkaia, en cambio, llegó fuera de plazo. Su Decreto Foral Normativo 3/2026 no se publicó hasta julio de 2026 y recurrió a la vía de urgencia, con convalidación posterior de las Juntas Generales. Su desarrollo reglamentario sigue pendiente.
Un régimen sancionador común
Pese a las diferencias de ritmo, los tres Territorios Históricos vascos comparten un régimen sancionador prácticamente idéntico: 200 euros de multa por cada persona respecto de la que el proveedor incumpla sus obligaciones de diligencia debida, y 300 euros si el usuario comunica información falsa o inexacta.
Si un usuario no colabora tras dos recordatorios y 60 días naturales, el proveedor debe impedirle operar. Y si el proveedor incumple reiteradamente, la Administración puede acordar su baja cautelar en el registro correspondiente.
Territorio Común, un paso por detrás
Territorio Común no cumplió el plazo europeo, aunque el proceso de transposición está en marcha desde 2025. El proyecto estatal modifica, entre otras normas, la Ley General Tributaria, la Ley del IRPF y, parcialmente, Sociedades, Renta de No Residentes, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. También sustituye el concepto de moneda virtual por el de criptoactivo y los reconoce como bienes embargables.
La transposición estatal avanza, por tanto, con retraso respecto de los territorios forales, que ya cuentan con marcos normativos aplicables.
Qué cambia para proveedores y usuarios
El impacto alcanza tanto a empresas como a ciudadanos. Los proveedores deberán identificar y verificar la residencia fiscal de sus usuarios, recabar información y presentar declaraciones anuales ante la Administración tributaria. Los operadores no regulados por el Reglamento MiCA deberán, además, registrarse ante la Administración, con riesgo de baja cautelar si incumplen de forma reiterada.
Para los usuarios, la privacidad que históricamente se asociaba a los criptoactivos queda atrás. Sus datos podrán ser comunicados a la Administración tributaria y, a través de ella, a otros Estados miembros. Además, la información falsa, incompleta o inexacta constituye infracción tributaria sancionada con 300 euros.
Una reforma en el momento adecuado
El volumen de criptoactivos en manos de contribuyentes vascos y navarros es hoy desconocido, precisamente porque hasta ahora no existía una obligación de información con esta amplitud. La DAC 8 pone fin a esa opacidad allí donde ya se ha transpuesto; en Territorio Común, la plena efectividad llegará con el marco estatal definitivo.
El modelo elegido, que carga la obligación principal sobre los intermediarios y no sobre el inversor, sigue la lógica del estándar CARF de la OCDE y aporta seguridad jurídica a un sector que reclamaba reglas más claras. La tendencia regulatoria es evidente: el control tributario sobre los criptoactivos se expande y cada nueva norma reduce los espacios de opacidad.
