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Boletín: Febrero 2021

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Datos de recaudación

La recaudación de la Hacienda Foral de Álava alcanzó el año pasado los 2.192,3 millones de Euros, lo que supone una disminución del 10,5% (258 millones de Euros) respecto a 2019, si bien supera en 79,1 millones las previsiones de ingresos fiscales realizadas en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas celebrado en octubre.

Los ingresos fiscales por impuestos directos llegaron a 1.087,5 millones de Euros (un 5,1% por debajo del año anterior). En el caso del IRPF, se recaudó un 2,2% menos que en 2019, mientras que los pagos fraccionados han disminuido un 66,1%. La recaudación del Impuesto sobre Sociedades fue de 42,2 millones de Euros menos (-19,8%) que el año anterior.

En el caso de los impuestos indirectos, la Hacienda alavesa ingresó por esta vía 891,1 millones de Euros (-13,6%), lo cual refleja también la caída de la actividad económica y el consumo.

Si hablamos de Bizkaia, la recaudación neta de tributos concertados en el ejercicio 2020 se ha situado en 7.122,1 millones de Euros, lo que supone una disminución del 10,9% respecto a la recaudación definitiva de 2019.

Como era de esperar, la recaudación se ha visto afectada por el parón de la actividad económica y por la aplicación de las medidas tributarias aprobadas por la Diputación dirigidas a mejorar la liquidez de las personas afectadas por la crisis económica, especialmente de microempresas, pymes y trabajadores autónomos, como «sectores más vulnerables de la economía».

En función de los datos aportados, Bizkaia ha recaudado a lo largo de 2020 por impuestos directos 3.664 millones de Euros, un 6,5% menos respecto a 2019. En la imposición indirecta, tras realizar los ajustes con las diputaciones forales de Álava y Gipuzkoa, hablamos de 2.766,5 millones de Euros, lo que representa una bajada de un 13,7% respecto al año anterior.


Acuerdo internacional sobre fiscalidad digital

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recordado la necesidad de que los países lleguen a un acuerdo multilateral sobre la fiscalidad de gigantes digitales este año.

De acuerdo a los cálculos de la OCDE, cada año se pierden ingresos fiscales por valor de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares (82.683 y 198.439 millones de Euros) en todo el mundo por las prácticas de las empresas para redirigir sus beneficios hacia paraísos fiscales.

Ante esto, la solución de la OCDE se centra en torno a dos líneas de actuación. Por un lado, se propone adjudicar un porcentaje de los beneficios a ciertas jurisdicciones debido a la posibilidad de las empresas digitales de generar beneficios sin ventas o presencia física concreta en un país. De otro lado, se propone un tipo mínimo para ser recaudado en todas las jurisdicciones.


Hacienda ultima el reglamento del IRPF para adaptar las subidas y las reducciones de planes de pensiones

El Ministerio de Hacienda ultima la reforma del reglamento del IRPF por la que se adaptará la modificación habida en la Ley del IRPF a la subida de este impuesto a rentas altas y permitirá que el plan de pensiones individual y el de las empresas puedan desgravarse en conjunto, elevando el cómputo total de la reducción hasta los 10.000 Euros, mientras que el límite de aportaciones máximas a planes individuales baja a 2.000 Euros. Asimismo, según el Reglamento si hay exceso de aportaciones, se podrá solicitar que las cantidades aportadas que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible lo sean en los cinco ejercicios siguientes, debiendo realizarse la solicitud en el ejercicio en que las aportaciones realizadas no pudieron ser objeto de reducción.

En relación a la subida del IRPF a rentas altas, el proyecto del nuevo reglamento del IRPF recoge el aumento en dos puntos para las rentas del trabajo de más de 300.000 Euros, elevando el tipo marginal al 47% y para las rentas de capital de más de 200.000 Euros, hasta el 26%.

Según cálculos de Hacienda, estos cambios afectarán a 36.194 contribuyentes (0,17%), con un impacto de 491,4 millones de Euros (144 millones en 2021 y 346 millones en 2022).


Administración Digital Integral (ADI)

La Agencia Tributaria ha puesto en servicio la nueva Administración Digital Integral (ADI), un “mostrador virtual” diseñado bajo la premisa de facilitar el cumplimiento voluntario con más y mejor información y asistencia al contribuyente por parte de una Administración Tributaria más ágil, dinámica y cercana.

Complementando la ayuda presencial tradicionalmente prestada en las oficinas físicas, que continuará como hasta ahora, desde la ADI más de 300 funcionarios especializados se dedicarán en exclusiva a atender de forma personalizada no presencial a contribuyentes de todo el territorio nacional.

Ofrecerán su servicio de ayuda a un amplio colectivo de beneficiarios potenciales, con más amplitud de horario que las oficinas convencionales y evitando al ciudadano desplazamientos innecesarios.

La creación de la ADI, uno de los principales proyectos del Plan Estratégico de la Agencia 2020-2023, surge de la posibilidad que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías para aunar lo mejor de los dos grandes vectores tradicionales de asistencia al contribuyente, a los cuales la ADI complementa a partir de ahora: la habitual ayuda presencial y la alternativa telemática de autoservicio de calidad.


Ventas en Gipuzkoa

Según el informe de diciembre sobre “Ventas, comercio exterior, empleo y salarios” en 2020 las ventas de las empresas de Gipuzkoa han disminuido un 10,1%. El retroceso ha sido algo menor en las ventas interiores (-9,1%), mientras que en las exportaciones ha sido más pronunciado (-11,9%). El impacto de la pandemia y las medidas tomadas a lo largo del año ha supuesto el peor ejercicio desde 2009, si bien no se ha llegado ni a la mitad de la caída sufrida ese año (-20,5%).


Medidas en torno al alquiler

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha rechazado «imponer» un control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda. En su lugar, ha argumentado que prefiere optar por otras fórmulas como los incentivos fiscales.

Asimismo, parece que el Gobierno está trabajando en una nueva batería de medidas que reduzca de algún modo la asfixia económica que viven a raíz de la pandemia miles de negocios, que a pesar de no estar operativos o con limitaciones de horarios, tienen que hacer frente al pago del alquiler de los locales que ocupan. A través de incentivos fiscales se quiere promover que los arrendadores sean más benevolentes con sus inquilinos aplicando moratorias o aplazamientos de los pagos con reducciones del 50% en la renta aplicable.


Reforma fiscal en torno al automóvil

Con esta propuesta se busca suprimir el Impuesto de Matriculación y crear uno de periodicidad anual y alcance estatal que grave al parque circulante en función de las emisiones de CO2. También dependería de la antigüedad del vehículo, por lo que se estaría considerando tanto las emisiones relativas a la descarbonización, las emisiones contaminantes locales como la seguridad vial.

Los fabricantes calculan que el nuevo impuesto permitiría unos ingresos a las arcas públicas del Estado de unos 2.700 millones de Euros. La patronal también pide que los eléctricos no tributen por IVA, al menos hasta que se igualen en precio frente uno de combustión, y se le reduzca a los híbridos enchufables.


Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

La regulación aprobada por el Gobierno conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea en este campo con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución.


Propuesta de reforma para la Ley Concursal

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha presentado su propuesta para la reforma de la Ley Concursal. Entre las propuestas presentadas figura que los administradores concursales se hagan cargo en la totalidad de los procesos concursales bajo la supervisión del juez, la mejora y agilización de estos trámites, una mayor flexibilización de los procesos de liquidación o la supresión de la fase de calificación.

La organización ve imprescindible la especialización y profesionalización de la figura del administrador concursal para el buen funcionamiento de la Ley, que el texto actual no recoge. Por ello ha pedido al legislador un mayor protagonismo en la trasposición de la nueva Directiva de Insolvencia.


El Gobierno Central ultima medidas de solvencia y plantea que parte de su coste lo asuma la banca

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está desarrollando una serie de ayudas directas dirigidas a fortalecer la solvencia de las empresas viables afectadas por la crisis provocada por la pandemia del COVID19. Para ello, trabaja con el Banco de España y el sector financiero para modificar los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo coste parcial deberán asumir las entidades financieras.

Después de que los avales del ICO hayan movilizado 116.000 millones de Euros a través de 960.000 operaciones, las nuevas medidas que se plantean implicarían que las entidades financieras asumieras parte del riesgo y coste de las misas. Entre los instrumentos que se barajan, estarían los préstamos participativos, la condonación de parte del 70% u 80% que avala el Estado en los créditos del ICO o quitas de dichos préstamos. Ello conllevaría que la banca asumiera un mayor coste por la parte no avalada (por el momento, las entidades financieras se muestran dispuestas a asumir ese coste), así como que la deuda del Estado se incrementara al tener que ejecutar parte de los avales.


El Gobierno reformará el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas

El Gobierno prevé reformar el marco legal existente para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la pandemia de la COVID-19, una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado.

El pasado 28 de enero, la Comisión Europea aprobó una nueva modificación del Marco Temporal europeo. El nuevo marco incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Asimismo, extiende el plazo de aplicación de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tras esa decisión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado en su reunión de hoy notificar a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas administraciones.


Creación de una aplicación para el cálculo de los plazos de duración de un expediente de contratación administrativa hasta su formalización

Esta aplicación, es una herramienta que, en función de los distintos factores intervinientes, permite la estimación de un calendario de tramitación del expediente de contratación, de conformidad con los plazos que establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, desde su inicio hasta la publicación de la formalización del contrato.

Permite hacer el cálculo de plazos “hacia adelante” (iniciándose el día X, cuando se formaliza) o “hacia atrás” (para formalizar el contrato el día X, cuando se debe iniciar la tramitación), ofreciendo tres escenarios posibles (optimista, realista y pesimista). Además de imprimir vía PDF el resultado de la búsqueda, permite también su exportación a Excel.

Se adjunta el enlace a la aplicación:

https://www.calendariocontratacionpublica.es/calendario/calendario


El Gobierno Vasco impulsa el programa Azpitek para actualizar el equipamiento científico-técnico de las empresas vascas

El programa se ha anunciado a través de una jornada informativa dedicada a explicar las ayudas PYMES 2021, que el Gobierno Vasco destina a reactivar la economía y generar empleo, y que han seguido de forma telemática más de mil empresas.

En la primera de las jornadas, centrada en las ayudas a la I+D y el emprendimiento, se han presentado ayudas novedosas como el programa Azpitek, que con un presupuesto de 5 millones de Euros busca apoyar la adquisición, instalación y actualización del equipamiento científico técnico de los centros tecnológicos de Euskadi.

Además, la oferta y demanda de soluciones y aplicaciones de proyectos basado en la inteligencia artificial es cada vez más activa, por lo que desde el Gobierno Vasco se ha impulsado el desarrollo de esta tecnología para añadir valor e instrumentos de competitividad a las empresas. El nuevo programa destinado a este ámbito cuenta con 2 millones de presupuesto y se focaliza a empresas que trabajen en campos como Machine learning, Deep learning, Visión Artificial, u otros.


La ley “Rider” dará tres meses a las empresas para dar de alta a sus trabajadores

De acuerdo con el borrador del texto sobre plataformas digitales de reparto, se recoge una disposición adicional en el Estatuto de los trabajadores en la que se recogería la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

En este sentido, el borrador señala que las empresas deberán dar de alta a sus trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social en un plazo de 3 meses. Todo ello sin perjuicio de los procedimientos liquidatorios que correspondan.


El incremento salarial medio pactado en convenio comienza el año con un 1,44%

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, los incrementos salariales pactados a través de Convenio colectivo alcanzaron en enero un 1,44%. Un incremento inferior con respecto a 2020 (1,89%) aunque casi un punto por encima del incremento del IPC en el mes de enero (0,5%).


Se aprueba un proyecto de reglamento que permitiría, utilizar algoritmos a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para la detección del fraude

De acuerdo con un proyecto de Real Decreto por el que se reforma el reglamento de procedimientos sancionadores en el orden social, el Ministerio de Trabajo y Economía Social prevé que la Inspección de Trabajo pueda iniciar actuaciones sancionadoras de forma automatizada.

De acuerdo con el proyecto, “el análisis masivo de datos para la detección de fraude permite conocer la existencia de posibles incumplimientos de los sujetos obligados, especialmente en materia de Seguridad Social” situación que “pone de manifiesto la necesidad de automatizar, en casos concretos, la actividad de la Inspección de Trabajo para poder actuar ante tales incumplimientos”.

La reforma no está exenta de controversia al haber sido aplaudida por los sindicatos mientras que cuenta con la oposición de la propia Inspección por tratarse de una medida que “Rompe con los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia, neutralidad e imparcialidad de la Inspección”.


El desempleo sube en 76.216 personas en enero

De acuerdo con los datos emitidos por el Ministerio de Trabajo, el número de personas paradas registradas en las oficinas de empleo sufrió un incremento de 76.216 personas (un 1,8%) . Estos datos implican el menor incremento de este mes desde el año 2018.

Con este incremento, se confirma la tendencia de 4 meses consecutivos de incremento de desempleo, colocándose la cifra total en 3.964.353 personas un incremento de 710.500 personas en un año.


El Gobierno negocia la implantación un proyecto piloto para la jornada laboral de 4 días

El Gobierno negocia la implantación de un proyecto piloto de alcance nacional, dentro de la tramitación de los fondos europeos, con la finalidad de apoyar a las empresas la implementación de la reducción de la jornada laboral de sus empleados.

El proyecto, consistirá en incentivar y acompañar a las empresas que así lo deseen, a cubrir costes salariales derivados de esta reducción de forma que no tenga costes ni para la empresa ni para el trabajador.


Enero finaliza con 739.000 trabajadores en ERTE, 35.000 más que en diciembre

La cifra de trabajadores en situación de ERTE cerró enero con 738.969 personas, un incremento de 35.625 trabajadores con respecto al mes anterior.

De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio, en comparación con las cifras máximas de trabajadores en ERTE que se dio en abril, el número de trabajadores en ERTE se ha reducido en 2,9 millones de personas, cerca de un 80%.


Los registradores quieren proteger las grabaciones de audio y video de las Juntas telemáticas

El Colegio de Registradores de España considera que las grabaciones de audio y sonido que se hagan en las Juntas telemáticas (totalmente telemática, sin presencia física) tanto de las sociedades cotizadas como de las anónimas y limitadas deben ser incluidas en el acta que elevará a público el notario y legalizadas para evitar que puedan ser alteradas en el caso de reclamaciones judiciales de los socios. El objetivo es que no se pueda manipular ni el vídeo ni el audio.

Asimismo, los registradores abogan por el respeto a las exigencias de la normativa sobre protección preventiva del tratamiento de datos personales. Así, proponen que los ficheros con la grabación de las reuniones se adjunten al acta de las sesiones y se inserten en el correspondiente libro de actas o en libros especiales objeto de posterior legalización telemática.

En el anuncio de convocatoria de la sesión se deberá advertir según el Colegio de Registradores, la intención de grabar la sesión, la finalidad del tratamiento y archivo de los datos, y los requisitos para el ejercicio de los derechos de los grabados.


Crear una sociedad con solo un Euro de capital social

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado una consulta pública sobre medidas para favorecer la creación de empresas y su crecimiento. Estas medidas pretenden, impulsar la inversión productiva, la innovación y la modernización de las empresas y, asimismo, modernizar el régimen de reestructuración empresarial para mejorar la viabilidad futura de las compañías.

Siendo las principales medidas las siguientes: (i) Agilizar la creación de empresas: se propone suprimir el capital mínimo para la creación de una sociedad limitada y permitir que pueda constituirse con 1 Euro de capital. Además, se plantea definir un procedimiento completamente digital para crear empresas; (ii) Mejorar la regulación y eliminar obstáculos: se plantea reducir cargas administrativas para las empresas; y (iii) Apoyar el crecimiento empresarial y eliminar barreras regulatorias: quieren facilitar el acceso a fuentes de financiación diversificadas y que no dependa solo de fondos propios o financiación bancaria. Se subraya la importancia del capital-riesgo y los mercados alternativos.


 

 

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