El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido la incapacidad permanente absoluta a una tramitadora de la Administración de Justicia que está impedida para conducir, coger el tren o cualquier otro medio de desplazamiento para acudir a su centro de trabajo. No puede denegarse la incapacidad en base a la posibilidad de desempeñar su profesión en la modalidad a distancia.
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