En 2023, Hungría gravó con un impuesto los derechos de emisión de CO2 asignados gratuitamente a determinados titulares, en el marco del estado de emergencia por la guerra en Ucrania. La sociedad Nitrogénművek impugnó dicho impuesto y el Tribunal General de Veszprém planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.
El Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión se opone a dicho impuesto en la medida en que neutraliza el efecto compensatorio de la asignación gratuita, priva a los operadores del incentivo para reducir emisiones y anula los mecanismos en los que se basa el sistema, correspondiendo al juez nacional verificar estos extremos.
