El Consejo de ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y que supone un salto cualitativo en la estrategia para combatir la corrupción política y económica en el ámbito público.
Se trata de un texto con 84 medidas y la modificación de hasta 18 leyes, seis de ellas orgánicas, con la que se materializan numerosos compromisos incluidos en ese Plan Estatal impulsado en el verano de 2025.
Este anteproyecto está basado en los cinco grandes ejes de la estructura de la estrategia frente a la corrupción: la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles; la investigación, la acción de la Justicia y las sanciones; sensibilizar a los ciudadanos; la recuperación de activos y la protección de los informantes, principios que cuentan con el aval de la OCDE, que ha colaborado en los trabajos para su diseño con asesoramiento y apoyo metodológico.
La norma presenta importantes novedades: se crean nuevos organismos (Agencia Independiente de Integridad Pública), se amplían las competencias de otros y se establece una mayor transparencia en determinados ámbitos como es el de los partidos políticos. El anteproyecto aprobado complementa otras iniciativas puestas en marcha como la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, que no estaba en el Código Penal; la Ley de Protección del Informante y la Autoridad Independiente para la protección de personas que denuncian hechos corruptos; o el Plan de Acción por la Democracia, que aporta más transparencia y rendición de cuentas para quienes tienen responsabilidades públicas.
