La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) ha emitido una resolución que clarifica los límites del derecho de supresión cuando se trata de información relacionada con actividades públicas. El caso analizado involucra a una persona que, tras dejar de ostentar un cargo relevante en una entidad, solicitó la retirada de vídeos corporativos donde aparecía participando en actos públicos vinculados a su antigua posición. Estos contenidos se encontraban publicados en la página web, el canal de YouTube y otros espacios digitales gestionados por la organización.
La AEPD recuerda que, si bien el artículo 17 del RGPD reconoce el derecho de supresión, este no es absoluto y debe ponderarse frente a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Apoyándose en jurisprudencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Agencia señala que el derecho al olvido no ampara la eliminación de informaciones veraces relacionadas con la actividad pública de una persona, ni permite reescribir su trayectoria profesional. El mero hecho de dejar de ostentar un cargo no implica automáticamente que dichos contenidos hayan perdido su relevancia pública.
En su análisis del caso concreto, la AEPD concluye que la información publicada no pertenece a la esfera personal del reclamante, no puede considerarse obsoleta ni inexacta, y el interesado no ha alegado circunstancias personales específicas que justifiquen la prevalencia de su derecho a la protección de datos. Por tanto, debe prevalecer la libertad de expresión e información, así como el interés legítimo de los usuarios de internet en acceder a esta información sobre actividades públicas.
Por tanto, se consolida el criterio de que las actividades públicas documentadas mantienen su legitimidad de difusión más allá del cese del cargo que motivó la participación en las mismas.
