La Unión Europea está inmersa en una nueva política de simplificación regulatoria dirigida a reforzar la competitividad de sus empresas a largo plazo, tratando de mantener, al mismo tiempo, sus objetivos económicos, sociales y medioambientales, así como los principios jurídicos básicos en los que se sustenta. El objetivo de este proceso de simplificación normativa también busca descargar a las empresas europeas de una parte relevante de los costes de la presentación de información a la que están obligadas. Esta necesidad de simplificación todavía resulta más acuciante en el sector de las pymes, para las cuales, la reducción de la carga regulatoria y administrativa es crucial, con el fin de conseguir una reducción de costes, que les permita competir en mejores condiciones con empresas de EEUU y de China, que no están sometidas a una política informativa tan exigente y costosa.
En el campo digital una de las propuestas dirigidas a la simplificación regulatoria de las empresas europeas pequeñas es eliminar la obligación de actualización de los registros de las actividades de estas empresas que conlleven el tratamiento de datos personales cuando no sea probable que dichas actividades supongan un alto riesgo para los derechos de los interesados. También se están planteando medidas dirigidas a la simplificación regulatoria en materia de seguridad e inteligencia artificial, ámbitos para los que las pymes no cuentan con recursos e infraestructuras suficientes para cumplir las nuevas exigencias que la Unión Europea está implantando.
En el campo en el que parece que está empezando a ser efectiva la llegada de esa política de simplificación es en el campo de la sostenibilidad. El pasado día 16 de diciembre del 2025 el Parlamento Europeo aprobó que los informes de sostenibilidad, exigidos por la Directiva (UE) 2022/2464, sólo serán obligatorios para las empresas que cuenten con más de 1.000 trabajadores y una facturación anual superior a los 450 millones. De esta forma, las empresas de pequeña y mediana dimensión van a quedar fuera de estas nuevas exigencias en materia de sostenibilidad. De igual forma, las empresas que no lleguen a dichos umbrales no van a tener que ejercer el desempeño de su actividad con la diligencia debida en relación con la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, aspecto que había generado una gran controversia por las exigencias añadidas que suponía su implantación y por la pérdida de competitividad que conllevaba con respecto a las empresas de otros países, especialmente de EEUU y de China, que no están sometidas a dichas cargas.
Como reflexión general, cabría reseñar que la UE es consciente de la urgente necesidad de desarrollar renovadas estrategias de simplificación regulatoria, proponiendo, a partir de ahora, una política favorable a la simplificación normativa, pero también repensando y revisando, si fuera conveniente, las principales normativas vigentes aplicables a las empresas europeas. No resulta sostenible seguir incrementando indefinidamente la carga regulatoria de las empresas y de otras organizaciones. Más bien, procede impulsar estrategias normativas más inteligentes y competitivas que fomenten, al máximo posible, la innovación y su crecimiento, al tiempo que se garanticen los derechos y legítimos intereses en juego. Se abre, por tanto, un nuevo tiempo en la UE en el que se pretende contar con un nuevo enfoque regulatorio que resulte más coherente y apropiado con el contexto geopolítico e internacional en el que actúan las compañías europeas, sobre todo, las de pequeña y mediana dimensión, que no cuentan con instrumentos y recursos suficientes para hacer frente a exigencias legales justificables, pero, en la mayoría de las ocasiones, totalmente desproporcionadas en el contexto internacional.
