Se encuentra en plena tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que, entre sus muchos objetivos, pretende que las personas puedan acceder al trabajo y a los servicios públicos esenciales mediante la implementación de políticas de movilidad que mejoren su calidad de vida. En este sentido, además de reivindicar la movilidad como un derecho social, proclama su importante contribución a la cadena de valor y al consiguiente impulso al desarrollo empresarial.
La proyectada nueva norma, ahora en el Senado, y cuya aprobación definitiva va tener lugar antes de final de año, para que el Estado no pierda los 10.000 millones provenientes de los Fondos Europeos comprometidos a tal fin, incorpora numerosas novedades de distinta índole. Dentro de las que pueden afectar directamente a las empresas cabe destacar la creación de los denominados planes de movilidad sostenible al trabajo de empresas o para centros de trabajo. Según la proyectada norma, las empresas con centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o, 100 por turno, deberán disponer de planes de movilidad sostenible para organizar el traslado de su personal hacia esos centros de trabajo. Dichos planes deberán ser objeto de un informe de seguimiento bienal que permita evaluar el nivel de implantación de las actuaciones y medidas recogidas en el plan, que se repetirá cada dos años de vigencia del plan. Para su elaboración se deberá proceder a la negociación con la representación legal de las personas trabajadoras o de la comisión negociadora correspondiente, cuando no contaran con dicho instrumento de representación. En el caso de las cooperativas, la norma expresamente señala que el Plan de Movilidad será aprobado por el Consejo Rector.
En cuanto a su contenido, conviene poner de relieve que los planes de movilidad sostenible al trabajo incluirán soluciones de movilidad que contemplen el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones, el teletrabajo en los casos en los que sea posible, o cualesquiera otras medidas que pudieran impulsar la implantación de políticas de movilidad sostenible. En su elaboración se deberán tener en cuenta, no solamente a las personas trabajadoras del centro, sino también a los visitantes, proveedores y a cualquier otra persona que requiera acceder al centro de trabajo. Para su elaboración, deberán tenerse presente el plan de movilidad sostenible de la entidad local en cuyo ámbito territorial se ubique el centro, así como, en su caso, los instrumentos de regulación de la movilidad aprobados por la administración competente en materia de transportes y movilidad. Para su adecuado cumplimiento, la norma proyectada establece sanciones en caso de que no se elaboren dichos planes o no se revisen periódicamente. Expresamente la proyectada norma establece que serán las empresas las responsables de su ausencia o de su falta de seguimiento, infracciones que podrán llevar aparejadas sanciones pecuniarias cuyo alcance se calculará atendiendo a la propia gravedad de la infracción, a la naturaleza de los daños y perjuicios causados y a la conducta de los infractores.
Advertimos, por tanto, que a corto-medio plazo, las empresas van a tener que prepararse para elaborar planes de movilidad sostenible que se adecúen a las exigencias normativas sintéticamente explicadas en este breve editorial. Con el objeto de incentivar su implantación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto aprobar convocatorias de subvenciones para la financiación de planes de movilidad sostenible al trabajo a empresas que dispongan de centros de trabajo con más de 100 personas trabajadoras. Esperemos que ello ayude a que estas medidas alcancen el éxito pretendido, porque ello supondrá que las políticas de movilidad sostenible también están aplicándose en el mundo empresarial.
