La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a dos empleados públicos de la empresa GESVICAN que cobraban por elaborar proyectos para empresas aspirantes a concursos de la Consejería de Obras Públicas a sendas multas de 2.421 euros y a una pena de inhabilitación durante dos años para empleo público que conlleve la realización de baremaciones de proyectos de contratación pública. También han sido condenados tres responsables de las empresas SENOR y RUCECAN, que pagaron a los primeros por sus servicios y cuyas empresas resultaron elegidas en régimen de UTE para actuaciones de mejora de tres carreteras autonómicas.
El magistrado, que ha declarado la firmeza de la sentencia, ha anunciado que esta se ajustará a los términos del acuerdo, que considera a los primeros autores y a los tres restantes cooperadores necesarios de un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público.
Según los hechos que se recogen en el escrito de conformidad que todas las partes han firmado y que se llevarán a sentencia, los trabajadores de GESVICAN eran titulados superiores en ingeniería de caminos, canales y puertos, y se encargaban de puntuar conforme a baremos y a clasificar las ofertas que se presentaban a concursos de Obras Públicas.
Así las cosas, los dos acusados “se concertaron con distintas sociedades que operaban habitualmente en el sector de obra pública para revisar o elaborar técnicas de las ofertas, solicitando a cambio precios con distintas cantidades económicas según su actuación, trabajando por tanto para ellos indebidamente, en cuanto que alteraban la libre concurrencia de partícipes en la contratación pública”.
Las tarifas que cobraban los dos empleados públicos ascendían a 2.500 euros por la elaboración de condiciones técnicas y calidad; 2.000 euros si la técnica colocaba a la empresa en la primera posición, y 5.000 euros si resultaba adjudicada.
