El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por dos consumidores contra BBVA por una cláusula suelo abusiva en su préstamo hipotecario suscrito en el año 2009. La sentencia nº 1056/2025 (rec.7303/2022) de 2 de julio de 2025 establece que las entidades financieras tienen un deber proactivo de eliminar cláusulas abusivas conocidas sin esperar requerimientos de los consumidores. BBVA actuó de manera negligente y contraria a los intereses de los consumidores porque mantuvo activa una cláusula suelo abusiva durante años, cobrando indebidamente cantidades a los prestatarios. Cuando fue requerido extrajudicialmente para eliminar los efectos de la cláusula suelo, rehacer el cuadro de amortización y devolver las cantidades percibidas en exceso, el banco no respondió adecuadamente. Más grave aún, el banco no tomó la iniciativa proactiva de reparar el daño patrimonial causado a los prestatarios, tal y como se recoge en la jurisprudencia consolidada desde la sentencia de pleno de febrero de 2017 que declaraba la nulidad de estas cláusulas. Solo se allanó a la demanda después de más de dos años desde el requerimiento extrajudicial, demostrando una actitud pasiva y poco colaborativa.
El Tribunal Supremo enfatizó que el comportamiento de la entidad financiera no debe evaluarse tanto como un deber de reacción al requerimiento, sino como un deber propio y proactivo ante el conocimiento de la jurisprudencia reiterada que declara la nulidad de estas cláusulas. En consecuencia, confirmó la nulidad de la cláusula suelo por abusiva y la obligación del banco de devolver las cantidades cobradas indebidamente con intereses, imponiéndole las costas procesales por no haber actuado proactivamente para reparar el daño patrimonial causado. De esa manera, se ha reforzado la protección del consumidor al imponer consecuencias económicas adicionales a las entidades que mantienen cláusulas declaradas abusivas tras jurisprudencia consolidada.
