Teodora comenzó a trabajar como dependienta y, tras recibir tratamiento por lumbalgia y requerir nueva asistencia médica, inició una incapacidad temporal (IT). Poco después, recibió un burofax informándole que su contrato terminaría por no superar el período de prueba. Sin embargo, la empresa estaba al tanto de su situación de salud, como lo demuestra un mensaje del empresario sugiriendo que tomara días de vacaciones hasta su baja. La sentencia declaró improcedente el despido, aplicando un test para evaluar si la causa del despido era discriminatoria por enfermedad. Se concluyó que la enfermedad de Teodora motivó el despido, no existiendo razones objetivas que lo justificaran. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid declaró nulo el despido y ordenó su readmisión.
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