El pasado 9 de julio el Gobierno anunció un nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que incluye diversas medidas y, en concreto, una relativa a los “Mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras”. La esencia de estas medidas está en que no basta con controlar a los corruptos, sino que también se debe controlar a los corruptores. Para ello se van a implementar una serie de mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras (endurecimiento de las sanciones a las empresas corruptoras, exclusión de empresas para contratar con la administración…). Se trata de dotar de una mayor transparencia a las sociedades de responsabilidad limitada, y de una mayor seguridad jurídica en el movimiento negocial de sus participaciones.
Las principales exigencias para empresarios serán la obligación de inscribir en el Registro Mercantil todas las transmisiones de participaciones sociales, la obligación de depositar electrónicamente de manera anual el libro de socios en el Registro Mercantil, que las transmisiones de participaciones solo tendrán eficacia frente a terceros si están inscritas en el registro, o la posibilidad de dar las participaciones sociales en garantía real mediante inscripción en el Registro de Bienes Muebles.
El objetivo es evitar que personas con cargos públicos puedan ocultar titularidades de sociedades y eludir las prohibiciones de contratación con la administración.
