La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), autoridad autonómica competente para actuar como canal externo en su ámbito territorial, ha impuesto la primera sanción en España por represalias contra una persona informante, con una multa de 600.000€ a una empresa que tomó medidas disciplinarias contra una trabajadora tras denunciar irregularidades internas a través del SII. La adopción de esta resolución por parte de la OAC confirma que disponer de un canal de denuncias no es suficiente: las organizaciones deben garantizar que no se produzcan represalias contra quienes utilizan estos sistemas, y garantizar la identidad de la persona informante. La resolución subraya la importancia de contar con procedimientos documentados, investigaciones independientes y protocolos que protejan efectivamente a las personas informantes. Este precedente evidencia que las sanciones por incumplimiento pueden ser muy elevadas y que la correcta implementación y gestión del SII es fundamental no solo para cumplir con la normativa, sino también para prevenir riesgos legales y reputacionales significativos.
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