El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que regula la protección de datos personales utilizados en las investigaciones y enjuiciamiento de delitos, así como en la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.
Se trata de una directiva comunitaria que debía haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes de mayo de 2018 y por cuyo incumplimiento España ha sido sancionada por la UE.
