El Gobierno proyecta en la reforma concursal la posibilidad de que los acreedores de una empresa en concurso puedan imponer la venta de una unidad productiva dentro de los planes de reestructuración, siempre y cuando la compañía cumpla los requisitos de tener un tamaño mediano/grande y estar en riesgo de iliquidez en los siguientes tres meses.
En virtud de esta propuesta, la empresa con dificultades económicas podrá solicitar el nombramiento de un experto en recabar la adquisición de unidades productivas con anterioridad a solicitar la declaración de concurso y, una vez declarado éste, dicho experto podrá asumir la condición de Administrador concursal, lo que conllevaría que dicho experto no anulase la venta en el ejercicio de la acción rescisoria.
En lo que respecta a los compradores de una unidad productiva, el proyecto de ley les obliga expresamente a mantener en funcionamiento el negocio durante, al menos, tres años.
